Sobre el pasado y presente del impuesto de sucesiones en tiempos de crisis.
«Cada cosa es lo que es: la libertad es libertad, y no igualdad, honradez, justicia, cultura, felicidad humana o conciencia tranquila. Si mi libertad, o la de mi clase o nación, depende de la miseria de un gran número de otros seres humanos, el sistema que promueve esto es injusto e inmoral»
(De «Dos conceptos de libertad», en Isaiah Berlin, Cuatro ensayos sobre la libertad. Madrid: Alianza Editorial, 1993)
Una de las figuras impositivas más decididamente repugnantes de nuestro Antiguo Régimen, era la conocido por “Abadía” o “Luctuosa”. Según la cual, en muchos lugares de España y señaladamente en Galicia, cuando fallecía un feligrés, la familia había de entregar al párroco que oficiase el funeral la mejor alhaja que hubiese pertenecido al difunto. Esto se podía substituir por una cabeza de ganado o, póngase por caso, los zapatos de fiesta del finado si éste no poseía otra cosa de valor, de forma que a la esperable pena familiar, había que añadir la visita del recaudador para acabar de sumir en la desesperanza a los afectados.
De la misma manera, resulta altamente repugnante la pervivencia del impuesto llamado de “sucesiones” dentro de nuestro marco presuntamente constitucional. Cotizar por semejante impuesto no es más que pagar nuevamente por lo que ya se ha pagado en su día, aprovechando que se ha muerto uno de los titulares de los bienes en cuestión. Una irracional e innecesaria crueldad de un Estado supuestamente provisor para con los que, muy a menudo, quedan desprotegidos y al albur de una triste pensión
Leo en un diario económico que las cinco comunidades autónomas donde está más penado heredar son: Andalucía, Galicia, Asturias, Extremadura y Baleares. Pero dentro de ellas, hay diferencias fundamentales. Así el mismo diario señala que para una sucesión media, es decir, el pisito familiar y los cuatro cuartos que queden en el banco, un heredero andaluz debería cotizar algo menos de 1000 €, un extremeño más o menos lo mismo, un asturiano nada, un balear 1600 y un gallego casi 3000. Fastuoso ejemplo de la igualdad legal de los españoles ante la ley.
Pero aún hay más, lejos de suscribir la lógica tendencia a eliminar estas vergonzosas y diferenciales luctuosas, gobiernos autonómicos que las mantenían en suspenso o muy minoradas como Aragón, Murcia, Castilla y León, País Vasco, Navarra, Canarias, y Cataluña, han anunciado ya su resurrección.
Sospechábamos que todos los tejemanejes de la crisis conducirían a los gobiernos, evidentes corresponsables de este montaje económico especulativo y verdaderamente impresentable, a confundir a la ciudadanía con una informe aglomeración de cítricos a los que exprimir hasta la misma extenuación, pero el caso de las sucesiones, ilustra mejor que ningún otro la consideración en la que se nos tiene. Puesto que no somos iguales ante las leyes fiscales, no tenemos porqué serlo ante ninguna otra, no se nos considera, pues, como ciudadanos, sino como meros súbditos a expensas de lo que se vaya ordenando, por muy irracional, disparatado y notoriamente injusto que sea lo que se manda. El establecimiento por Bruselas de gobiernos títere en los estados intervenidos, la suplantación de la soberanía nacional en los países del Euro, la permanente minorización de sueldos y posibilidades de desarrollo personal. Todo apunta en la misma dirección, vamos camino de la servidumbre, y, por lo que se va viendo, pronto vendrán hasta por los zapatos del muerto.